"En el último tiempo se evidencia un avance paulatino, pero sostenido, de la frontera productiva sobre Áreas Naturales Protegidas (ANP). La desafección de la reserva provincial Pizarro, en Salta, para el desmonte y cultivo de soja; los proyectos mineros Pascua Lama y Veladero, en San Juan, con sus previsibles impactos sobre la Reserva de Biosfera de San Guillermo; y la exploración y explotación de hidrocarburos en inmediaciones o dentro de los parques nacionales Calilegua (Jujuy) y Nahuel Huapi (Río Negro), son sólo algunos ejemplos. Este avance se enmarca en la lógica de expandir la producción y mantener los márgenes de ganancia del capital global, cuyas consecuencias comprometen la supervivencia de numerosas comunidades.
La deliberada “primarización” -exportación de materias primas- sufrida por la economía argentina ha convertido al país en un territorio susceptible de saqueo y contaminación. Este proceso ha sido potenciado y agudizado por la provincialización de los “recursos naturales” operada con la reforma constitucional de 1994 -cuyo “federalismo” estimuló la asociación y connivencia de empresas multinacionales con élites locales- y las crecientes necesidades fiscales de las provincias -en buena medida propiciadas por el desguace y la descentralización de funciones que desde antaño eran atribución exclusiva del Estado Nacional (por ejemplo, garantizar salud y educación)."Más en: Observatorio Petrolero Sur
(Ives'08)
Diego Pérez Roig
Observatorio Petrolero Sur
El viernes 6 de noviembre fue creada en Neuquén la Asociación en Defensa de la Ley (ADeLey). La reunión inaugural contó con destacada participación de estancieros, miembros del radicalismo, Recrear y Opción Federal, y representantes de la petrolera Piedra del Águila. Preocupados por la “salud institucional” de la provincia, se presentan como víctimas de las “usurpaciones de tierras” llevadas adelante por la Confederación Mapuche [1]. ¿Pero quién usurpa a quién? ¿A quiénes se persigue, amenaza y criminaliza? ¿En favor de qué intereses?
En recientes declaraciones el vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, informó que su Pueblo enfrenta en la provincia 32 causas penales (con más de 150 imputados), y advirtió sobre la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.[2]
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